Más requerimientos fiscales; Contra los autores de cierre de medios de comunicación

La fiscal de los derechos humanos en Honduras la abogada Sandra Ponce reveló tener ya concluidos los procesos investigativos y las pruebas suficientes para presentar más requerimientos fiscales en contra de los autores, tanto materiales como intelectuales, que han participado en la afectación de las operaciones de medios de comunicación, tras la ruptura del orden constitucional.

Las nuevas acciones se suman a un requerimiento fiscal ya presentado en contra de dos militares, uno con rango de teniente coronel de infantería y el otro con rango de oficial, a quienes se les considera responsables de la violación de la Constitución de la república y otras leyes, al cerrar el pasado 28 de junio, canal 36 y radio Globo.

“Tengo ya los proyectos de requerimiento, estamos revisándolos para ver si las investigaciones han sido totalmente evacuadas” precisó la abogada Ponce. Esta acción legal se presentará contra las autoridades a las que se les puede atribuir una comprobada participación intelectual o material en el decomiso de equipos a varios medios de comunicación, como parte de las acciones que obligaron, a los antes mencionados, al cese de sus operaciones.

“Estamos valorando desde el abuso de autoridad hasta el prevaricato por una resolución abiertamente ilegal mediante la cual se ordena, no obstante lo dispuesto en el artículo 73 y 74 de la Constitución de la república, el decomiso de equipos de telecomunicación” comentó la fiscal que ha intermediado en varias ocasiones entre las autoridades y los propietarios de los medios afectados.

Tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales, canal 36 y radio Globo, fueron de los pocos medios que se opusieron a ésta acción y a la instauración obligada de un nuevo gobierno, quien de inmediato ordenó suspender sus operaciones, misma que ejecutaron elementos policiales y militares que se tomaron sus instalaciones, sin que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se manifestara al respecto.

Pero las mayores consecuencias sufridas por los medios de comunicación no afines al gobierno de Micheletti se dieron luego de la publicación, el pasado 26 de septiembre, del decreto ejecutivo PCM –M 016- 2009 que suspendió por más de 20 días las garantías constitucionales.

“Trabajamos, estamos al aire y decimos muchas cosas, pasamos información y recibimos información pero lo hacemos con el temor que en cualquier momento nos pueden ir a cerrar” resaltó el periodista David Romero Romero, al recordar que el decreto 124-2009, sigue en vigencia.