domingo, 28 de febrero de 2010

El terremoto fue registrado en video por cámaras de seguridad.



Según la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), las víctimas que dejó el terremoto tras su paso fue de por lo menos 300 muertos. Además, la presidenta Bachelet calcula que hay dos millones de personas damnificadas.

El terremoto fue registrado en video por cámaras de seguridad.



Según la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), las víctimas que dejó el terremoto tras su paso fue de por lo menos 300 muertos. Además, la presidenta Bachelet calcula que hay dos millones de personas damnificadas.

sábado, 27 de febrero de 2010

A A 147 aumentó el número de víctimas mortales a causa del terremeto en Chile

A 147 aumentó el número de víctimas mortales a causa del terremoto ocurrido en la madrugada de hoy en Chile, Así lo manifestó Carmen Fernández, directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi). Fernández dijo que el número de víctimas va “variando minuto a minuto”.

El presidente electo de Chile Sebastián Piñera dijo que su país es una nación de catástrofes pero que el reciente terremoto ha sido el más grave que han tenido en los últimos 30 años. Aprovechó para expresar el apoyo total al gobierno saliente de Michelle Bachelet, según lo informó la cadena internacional de noticias CNN en español en horas de la mañana.

A A 147 aumentó el número de víctimas mortales a causa del terremeto en Chile

A 147 aumentó el número de víctimas mortales a causa del terremoto ocurrido en la madrugada de hoy en Chile, Así lo manifestó Carmen Fernández, directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi). Fernández dijo que el número de víctimas va “variando minuto a minuto”.

El presidente electo de Chile Sebastián Piñera dijo que su país es una nación de catástrofes pero que el reciente terremoto ha sido el más grave que han tenido en los últimos 30 años. Aprovechó para expresar el apoyo total al gobierno saliente de Michelle Bachelet, según lo informó la cadena internacional de noticias CNN en español en horas de la mañana.

Casi la mitad de los diputados repiten en el Congreso Nacional

Cerca del cincuenta por ciento de los actuales diputados y diputadas, repiten un nuevo ciclo legislativo en el Congreso Nacional. Son los mismos que han hecho promesas por medio del derroche de dinero durante su campaña y que nada de esas promesas ha sido realidad en los anteriores gobiernos.

Al igual que todos los años, cuando toma posesión el nuevo gobierno, los diputados se sientan a aprobar decretos y los ministros se encuentran con las instituciones del Estado en quiebra. En los informes siempre se van a ver las estatales sin fondos. Sin embargo, a ese funcionario se le premia con darle otro cargo ganando miles y miles por hacerle daño al país.

Por ejemplo, Oswaldo Ramos Soto que durante sus años como rector de la Universidad Autónoma le hizo tanto daño, ahora calienta uno de los curules del Congreso Nacional. Estos cincuenta y ocho legisladores o dadores de subsidios fueron escogidos nuevamente por las minorías que acudieron a las cuestionadas elecciones auspiciadas por el régimen de facto.

Según la fundación Democracia Sin fronteras, la mayor parte de los diputados se han caracterizado por la ausencia de mociones, anteproyectos de ley e inasistencias a las sesiones del Congreso Nacional, además de estar vinculados con el golpe de Estado del pasado 28 de junio cuando se derrocó al presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

En el “nuevo Congreso Nacional” los nacionalistas tienen mayoría legislativa con 71 escaños, los liberales poseen 45, los demócratas cristianos cinco, Unificación Democrática cuatro y el Pinu tres.

Los diputados y diputadas que asumieron su cargo el pasado 25 de enero, dejaron claro a la población; “la oligarquía es la que toma las decisiones sobre el destino de la economía y la política” en Honduras.

Y para muestra un botón; en su primera reunión del 26 de enero aprobaron amnistía general por delitos políticos y comunes conexos para los involucrados en el golpe de Estado y responsables directos de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos; es decir se recetaron impunidad.

En este país el diputado o la diputada le debe obediencia al partido político propiedad de los grupos fácticos y no al pueblo que le concede la representación. Por estos y otros favores, los legisladores tienen muchos beneficios, por ejemplo; la directiva del Congreso les asigna millones de lempiras por concepto de fondos departamentales y discrecionales de los cuales nunca rinden cuentas y nadie los investiga.

De esta triste realidad se desprende un gran reto para la población hondureña, democratizar el Congreso Nacional desde la escogencia de hombres y mujeres honestas y dignas, hasta la realización de auditorías y vigilancia ciudadana.

Casi la mitad de los diputados repiten en el Congreso Nacional

Cerca del cincuenta por ciento de los actuales diputados y diputadas, repiten un nuevo ciclo legislativo en el Congreso Nacional. Son los mismos que han hecho promesas por medio del derroche de dinero durante su campaña y que nada de esas promesas ha sido realidad en los anteriores gobiernos.

Al igual que todos los años, cuando toma posesión el nuevo gobierno, los diputados se sientan a aprobar decretos y los ministros se encuentran con las instituciones del Estado en quiebra. En los informes siempre se van a ver las estatales sin fondos. Sin embargo, a ese funcionario se le premia con darle otro cargo ganando miles y miles por hacerle daño al país.

Por ejemplo, Oswaldo Ramos Soto que durante sus años como rector de la Universidad Autónoma le hizo tanto daño, ahora calienta uno de los curules del Congreso Nacional. Estos cincuenta y ocho legisladores o dadores de subsidios fueron escogidos nuevamente por las minorías que acudieron a las cuestionadas elecciones auspiciadas por el régimen de facto.

Según la fundación Democracia Sin fronteras, la mayor parte de los diputados se han caracterizado por la ausencia de mociones, anteproyectos de ley e inasistencias a las sesiones del Congreso Nacional, además de estar vinculados con el golpe de Estado del pasado 28 de junio cuando se derrocó al presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

En el “nuevo Congreso Nacional” los nacionalistas tienen mayoría legislativa con 71 escaños, los liberales poseen 45, los demócratas cristianos cinco, Unificación Democrática cuatro y el Pinu tres.

Los diputados y diputadas que asumieron su cargo el pasado 25 de enero, dejaron claro a la población; “la oligarquía es la que toma las decisiones sobre el destino de la economía y la política” en Honduras.

Y para muestra un botón; en su primera reunión del 26 de enero aprobaron amnistía general por delitos políticos y comunes conexos para los involucrados en el golpe de Estado y responsables directos de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos; es decir se recetaron impunidad.

En este país el diputado o la diputada le debe obediencia al partido político propiedad de los grupos fácticos y no al pueblo que le concede la representación. Por estos y otros favores, los legisladores tienen muchos beneficios, por ejemplo; la directiva del Congreso les asigna millones de lempiras por concepto de fondos departamentales y discrecionales de los cuales nunca rinden cuentas y nadie los investiga.

De esta triste realidad se desprende un gran reto para la población hondureña, democratizar el Congreso Nacional desde la escogencia de hombres y mujeres honestas y dignas, hasta la realización de auditorías y vigilancia ciudadana.

Siguen saliendo actos de corrupción de Micheletti

El Congreso Nacional aprobó una moción para que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) investigue la piñata de entrega de números de buses, taxis, unidades de servicio contratado y moto-taxis que se hicieron en los últimos días del gobierno de facto de Roberto Micheletti.

La moción la presentó el diputado Rodolfo Irías Navas, quien se manifestó asustado porque sólo en La Ceiba en los últimos 60 días de la administración Micheletti se aprobaron más de 160 permisos.

Luego de que Irías Navas presentó la moción, varios diputados tomaron la palabra para confirmar que en los últimos 60 días del régimen de Micheletti se inundaron las ciudades del país de nuevos taxis y buses.

La diputada Marcia Villeda quiso excusar a Micheletti asegurando que él ordenó no seguir otorgando permisos de transporte, pero no logró su objetivo porque los transportistas tienen documentación de que esa prohibición la hizo hasta el 11 de enero de este año y la piñata comenzó desde que se derrocó al ex presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.

En la discusión le hicieron algunos agregados a la moción para que se haga un análisis legal de todos los permisos entregados en los últimos 60 días para anularlos y que se hagan las denuncias a la Fiscalía en contra de los responsables materiales e intelectuales de esta piñata.

Siguen saliendo actos de corrupción de Micheletti

El Congreso Nacional aprobó una moción para que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) investigue la piñata de entrega de números de buses, taxis, unidades de servicio contratado y moto-taxis que se hicieron en los últimos días del gobierno de facto de Roberto Micheletti.

La moción la presentó el diputado Rodolfo Irías Navas, quien se manifestó asustado porque sólo en La Ceiba en los últimos 60 días de la administración Micheletti se aprobaron más de 160 permisos.

Luego de que Irías Navas presentó la moción, varios diputados tomaron la palabra para confirmar que en los últimos 60 días del régimen de Micheletti se inundaron las ciudades del país de nuevos taxis y buses.

La diputada Marcia Villeda quiso excusar a Micheletti asegurando que él ordenó no seguir otorgando permisos de transporte, pero no logró su objetivo porque los transportistas tienen documentación de que esa prohibición la hizo hasta el 11 de enero de este año y la piñata comenzó desde que se derrocó al ex presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.

En la discusión le hicieron algunos agregados a la moción para que se haga un análisis legal de todos los permisos entregados en los últimos 60 días para anularlos y que se hagan las denuncias a la Fiscalía en contra de los responsables materiales e intelectuales de esta piñata.

Campesinos del Aguán presentarán contrapuesta al gobierno sobre tierras en conflicto

El conflicto de tierras en bajo Aguán, en el departamento de Colón sigue sin resolverse. Los campesinos y campesinas del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguàn, Muca, se han estado reuniendo con el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa. En esta semana se hicieron algunas propuestas que serán consultadas con las bases campesinas.

La propuesta que hace el gobierno comprende la compra de tres mil hectáreas de tierra al terrateniente Miguel Facussé, y el resto de tierra que se necesite se comprará en otras zonas como Zonaguera, Bonito Oriental, donde los campesinos y campesinas sean reubicados.

El Muca no ha dado una respuesta al gobierno. Se comprometieron a socializarla y a inicios de la próxima semana presentarán una contrapropuesta que busca una solución al conflicto de tierras.

“La ley de Reforma Agraria y la ley de Modernización Agrícola, establecen techos para limitar la tenencia de la tierra entre la población y Miguel Facussé tiene excesivas cantidades de terrenos en Honduras” expresó el abogado asesor del Muca, Rodolfo Zamora.

El abogado Zamora asegura que para evitar que el conflicto por las tierras siga generando más violencia y cobrando la vida de inocentes, los campesinos le están apostando al diálogo. “Negociar o dialogar entre partes que son desiguales no deja de ser riesgosos para la parte débil, en este caso los campesinos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este diálogo” dijo el representante legal de Muca.

El conflicto agrario se desarrolla en una zona del país, Colón, controlado por el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico y lavado de activos. Según el abogado Rodolfo Zamora, la política de Estado que dirige el ministro de seguridad Oscar Álvarez, es equivocada. “Álvarez quiere darle una solución armada a la conflictividad, criminalizar los conflictos agrarios que al final de cuenta es un problema muy humano” criticó Zamora.

Los campesinos y campesinas que luchan por un pedazo de tierras se ubican en la margen izquierda y derecha del río Aguán, en Colón. Según el Instituto Nacional Agrario, INA, algunas hectáreas de tierras ubicadas en la zona están asignadas para reforma agraria. Sin embargo, los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Ricardo Canales aparecen como los dueños de estas grandes parcelas de tierras.

Campesinos del Aguán presentarán contrapuesta al gobierno sobre tierras en conflicto

El conflicto de tierras en bajo Aguán, en el departamento de Colón sigue sin resolverse. Los campesinos y campesinas del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguàn, Muca, se han estado reuniendo con el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa. En esta semana se hicieron algunas propuestas que serán consultadas con las bases campesinas.

La propuesta que hace el gobierno comprende la compra de tres mil hectáreas de tierra al terrateniente Miguel Facussé, y el resto de tierra que se necesite se comprará en otras zonas como Zonaguera, Bonito Oriental, donde los campesinos y campesinas sean reubicados.

El Muca no ha dado una respuesta al gobierno. Se comprometieron a socializarla y a inicios de la próxima semana presentarán una contrapropuesta que busca una solución al conflicto de tierras.

“La ley de Reforma Agraria y la ley de Modernización Agrícola, establecen techos para limitar la tenencia de la tierra entre la población y Miguel Facussé tiene excesivas cantidades de terrenos en Honduras” expresó el abogado asesor del Muca, Rodolfo Zamora.

El abogado Zamora asegura que para evitar que el conflicto por las tierras siga generando más violencia y cobrando la vida de inocentes, los campesinos le están apostando al diálogo. “Negociar o dialogar entre partes que son desiguales no deja de ser riesgosos para la parte débil, en este caso los campesinos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este diálogo” dijo el representante legal de Muca.

El conflicto agrario se desarrolla en una zona del país, Colón, controlado por el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico y lavado de activos. Según el abogado Rodolfo Zamora, la política de Estado que dirige el ministro de seguridad Oscar Álvarez, es equivocada. “Álvarez quiere darle una solución armada a la conflictividad, criminalizar los conflictos agrarios que al final de cuenta es un problema muy humano” criticó Zamora.

Los campesinos y campesinas que luchan por un pedazo de tierras se ubican en la margen izquierda y derecha del río Aguán, en Colón. Según el Instituto Nacional Agrario, INA, algunas hectáreas de tierras ubicadas en la zona están asignadas para reforma agraria. Sin embargo, los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Ricardo Canales aparecen como los dueños de estas grandes parcelas de tierras.

Descartan amenaza de tsunami en Perú por terremoto de Chile

Lima, 27 feb (EFE).- El Instituto Geofísico del Perú (IGP) descartó hoy la amenaza de tsunami en las costas peruanas como consecuencia del fuerte terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que sacudió la pasada madrugada Chile.

"Ya se cumplió la hora en la que hubiera tenido que llegar ese tsunami, evidentemente, ya podemos estar tranquilos por esa parte", indicó el director de Sismología del IGP a la agencia estatal Andina.

En Cerro Azul, 132 kilómetros al sur de Lima, los trabajadores del mar informaron a la televisión local "Canal N" que el océano se había retirado entre 100 y 200 metros.

Sobre este punto, el jefe de Oceanografía de la Marina peruana, Walter Flores, señaló que es consecuencia de la fluctuación de las aguas que se ha registrado en las costas peruanas, que oscila entre 1 y 1,5 metros, pero recalcó que no existe riesgo de tsunami.

En el terminal pesquero de Matarani, en la sureña región peruana de Arequipa, también se vivieron momentos de tensión durante la noche, cuando se evacuó el lugar y varias embarcaciones del lugar decidieron echarse a la mar para evitar posibles daños.

Sin embargo, tras conocerse la anulación de la alerta de maremoto, las actividades vuelven poco a poco a la normalidad.

Descartan amenaza de tsunami en Perú por terremoto de Chile

Lima, 27 feb (EFE).- El Instituto Geofísico del Perú (IGP) descartó hoy la amenaza de tsunami en las costas peruanas como consecuencia del fuerte terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que sacudió la pasada madrugada Chile.

"Ya se cumplió la hora en la que hubiera tenido que llegar ese tsunami, evidentemente, ya podemos estar tranquilos por esa parte", indicó el director de Sismología del IGP a la agencia estatal Andina.

En Cerro Azul, 132 kilómetros al sur de Lima, los trabajadores del mar informaron a la televisión local "Canal N" que el océano se había retirado entre 100 y 200 metros.

Sobre este punto, el jefe de Oceanografía de la Marina peruana, Walter Flores, señaló que es consecuencia de la fluctuación de las aguas que se ha registrado en las costas peruanas, que oscila entre 1 y 1,5 metros, pero recalcó que no existe riesgo de tsunami.

En el terminal pesquero de Matarani, en la sureña región peruana de Arequipa, también se vivieron momentos de tensión durante la noche, cuando se evacuó el lugar y varias embarcaciones del lugar decidieron echarse a la mar para evitar posibles daños.

Sin embargo, tras conocerse la anulación de la alerta de maremoto, las actividades vuelven poco a poco a la normalidad.

Uno de los peores terremotos de la Historia deja de momento, 78 muertos en Chile.

Un terremoto de 8,8 en la escala de Richter azotó la madrugada de hoy el sur de Chile, las autoridades registran 78 muertes hasta las 8:00 AM.

El epicentro del movimiento telúrico se dio a 90 kilómetros de la sureña ciudad de Concepción, pero se sintió en todo el territorio chileno y en algunas partes de Argentina, según informó en horas de la mañana la cadena internacional de noticias CNN.

Además de las pérdidas humanas, también hubo daños en la infraestructura de la ciudad de Concepción, hay varias edificaciones colapsadas y se registraron dos incendios.

Las autoridades chilenas cerraron el aeropuerto internacional de chile por al menos 24 horas debido a que las instalaciones fueron dañadas por el sismo. Así mismo se decidió paralizar el servicio del metro como medida de seguridad.

Randolfo Fúnez, miembro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), dijo que el terremoto que sufrió Chile es uno de los más fuertes registrados en los últimos 20 años.

Uno de los peores terremotos de la Historia deja de momento, 78 muertos en Chile.

Un terremoto de 8,8 en la escala de Richter azotó la madrugada de hoy el sur de Chile, las autoridades registran 78 muertes hasta las 8:00 AM.

El epicentro del movimiento telúrico se dio a 90 kilómetros de la sureña ciudad de Concepción, pero se sintió en todo el territorio chileno y en algunas partes de Argentina, según informó en horas de la mañana la cadena internacional de noticias CNN.

Además de las pérdidas humanas, también hubo daños en la infraestructura de la ciudad de Concepción, hay varias edificaciones colapsadas y se registraron dos incendios.

Las autoridades chilenas cerraron el aeropuerto internacional de chile por al menos 24 horas debido a que las instalaciones fueron dañadas por el sismo. Así mismo se decidió paralizar el servicio del metro como medida de seguridad.

Randolfo Fúnez, miembro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), dijo que el terremoto que sufrió Chile es uno de los más fuertes registrados en los últimos 20 años.

viernes, 26 de febrero de 2010

Pobladores de San Juan Pueblo rechazan construcción de represa

“Con palabras y con hechos, San Juan defiende sus derechos”, así gritaban cientos de pobladores organizados en La Masica, Sambo Creak, San Juan Pueblo, patronatos del municipio de San Francisco, Juntas de Agua, Fundación Parque Pico Bonito y demás residentes en varios de los municipios del departamento de Atlántida, donde se tomaron esta mañana el puente sobre el río San Juan, en la carretera hacia la ciudad de La Ceiba, en protesta por la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de la empresa Contempo .

La empresa Contempo que pertenece al Grupo Terra, propiedad de Fredy Nassar, yerno del empresario Miguel Facussé, quien es dueño de miles de hectáreas de tierra en casi todo el país.

Los pobladores organizados, exigen el estudio del impacto ambiental y condena al grupo Terra y empresa Contempo que están llevando a cabo el proyecto San Juan, sin haberlo consultado antes con la comunidad.

Después de la toma del puente, los pobladores organizaron una marcha y llegaron hasta la entrada del terreno donde están construyendo la represa. Mientras caminaban gritaban consignas de rechazo a la construcción de la represa que reducirá el caudal del rio San Juan en un 90 por ciento y dejará con problemas en el servicio del agua potable a las poblaciones del sector.

Los pobladores han afirmado que seguirán oponiéndose a este tipo de proyectos porque no sólo les quitan sus recursos, sino que también destruyen los nacimientos de agua y dañan al medioambiente. También expresan que es un derecho de los pueblos disfrutar del agua natural, de los bosques y de toda la naturaleza del territorio.

Los Nasser y los Facussé están acaparando muchas hectáreas de tierra en el país y por eso existen bastantes conflictos agrarios, porque el campesinado defiende su derecho a la tierra, al agua y a todos los recursos que provee la madre naturaleza.

Pobladores de San Juan Pueblo rechazan construcción de represa

“Con palabras y con hechos, San Juan defiende sus derechos”, así gritaban cientos de pobladores organizados en La Masica, Sambo Creak, San Juan Pueblo, patronatos del municipio de San Francisco, Juntas de Agua, Fundación Parque Pico Bonito y demás residentes en varios de los municipios del departamento de Atlántida, donde se tomaron esta mañana el puente sobre el río San Juan, en la carretera hacia la ciudad de La Ceiba, en protesta por la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de la empresa Contempo .

La empresa Contempo que pertenece al Grupo Terra, propiedad de Fredy Nassar, yerno del empresario Miguel Facussé, quien es dueño de miles de hectáreas de tierra en casi todo el país.

Los pobladores organizados, exigen el estudio del impacto ambiental y condena al grupo Terra y empresa Contempo que están llevando a cabo el proyecto San Juan, sin haberlo consultado antes con la comunidad.

Después de la toma del puente, los pobladores organizaron una marcha y llegaron hasta la entrada del terreno donde están construyendo la represa. Mientras caminaban gritaban consignas de rechazo a la construcción de la represa que reducirá el caudal del rio San Juan en un 90 por ciento y dejará con problemas en el servicio del agua potable a las poblaciones del sector.

Los pobladores han afirmado que seguirán oponiéndose a este tipo de proyectos porque no sólo les quitan sus recursos, sino que también destruyen los nacimientos de agua y dañan al medioambiente. También expresan que es un derecho de los pueblos disfrutar del agua natural, de los bosques y de toda la naturaleza del territorio.

Los Nasser y los Facussé están acaparando muchas hectáreas de tierra en el país y por eso existen bastantes conflictos agrarios, porque el campesinado defiende su derecho a la tierra, al agua y a todos los recursos que provee la madre naturaleza.

CEJIL: La impunidad se consolida en Honduras



CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

La impunidad se consolida en Honduras

Washington D.C. 26 de febrero de 2010

Las autoridades hondureñas han dado varios pasos alarmantes para evitar rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Así lo advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en cartas enviadas hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité contra la Tortura y a otras relatorías especiales de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, el Congreso hondureño nombró diputado vitalicio al ex líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, lo cual lo protege de acusaciones penales por su papel durante el golpe. El 26 de enero, la Corte Suprema declaró el sobreseimiento definitivo contra seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, ya que consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. El mismo día, el Congreso aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe; sus términos son ambiguos y por ello su implementación podría abarcar serias violaciones a los derechos humanos.

Estas tres decisiones cuestionan el cumplimiento del Estado de Honduras, de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.

El otorgamiento de una diputación vitalicia a Roberto Micheletti viola tanto las leyes nacionales como internacionales: la Constitución de Honduras no contempla esta figura y la CIDH ha establecido que este tipo de decisiones viola tanto los derechos políticos como la igualdad ante la ley, garantizados en la Convención Americana. Las resoluciones de la CIDH acerca de este tema se produjeron en 1999 en respuesta a una estipulación similar en la Constitución de Chile que beneficiaba al general Augusto Pinochet

Por otra parte, el absurdo fallo de la Corte Suprema, que consideró necesario el derrocamiento del presidente constitucional para preservar la democracia, es consistente con el evidente apoyo político que ese alto tribunal brindó al golpe de Estado; así lo señaló la CIDH en su informe acerca del golpe divulgado en enero pasado.

De manera reiterada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “… garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables […] surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.”

A la vez, el deber estatal de investigar y sancionar serias violaciones a los derechos humanos, limitándose el alcance de las leyes de amnistía ha sido reafirmado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros mecanismos internacionales de protección vinculantes para Honduras.

Después del derrocamiento del presidente constitucional, Manuel Zelaya, las fuerzas de seguridad de Honduras cometieron extensas violaciones a los derechos humanos, que incluyeron al menos siete muertes de manifestantes pacíficos opuestos al golpe, miles de detenciones ilegales y arbitrarias y numerosos casos de maltratos, torturas e incluso abusos sexuales, así como censura, restricciones y hostigamiento a la prensa independiente.

Las decisiones recientes del Gobierno hondureño no solo podrían limitar el derecho de las víctimas a una reparación efectiva, sino que también podrían impedir a la sociedad hondureña el reconocimiento oficial de las violaciones ocurridas y el establecimiento de las responsabilidades a quienes corresponda. Ambas acciones son imprescindibles para evitar que los hechos se repitan.

En las cartas enviadas hoy, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, pidió a diversos órganos regionales y de las Naciones Unidas solicitar información al Estado de Honduras acerca de las decisiones tomadas; hacer recomendaciones para revertir dichas decisiones y garantizar que todas las violaciones ocurridas desde el golpe de Estado sean efectivamente investigadas y sancionadas, de acuerdo con el marco internacional de protección de los derechos humanos que es de acatamiento obligatorio para Honduras. CEJIL también solicitó que los órganos de protección proogramen visitas a Honduras para que investiguen las acciones del Estado y presionen por cambios.

CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional para que se pida al Estado hondureño el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de la protección a los derechos humanos y, específicamente, se eliminen todos

Los obstáculos para investigar y sancionar a los responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos desde el golpe del 28 de junio. Una genuina reconciliación solo es posible con el establecimiento de la verdad y la justicia.

Así, como un paso necesario para reconstruir la democracia, los distintos poderes del Estado hondureño deben asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos sean efectivamente investigadas y sancionadas. Si Honduras falla en esta tarea, los órganos internacionales de protección a los derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos deberán tomar las acciones apropiadas de acuerdo con sus mandatos y competencias.

CEJIL escribió a la CIDH, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, al presidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y a los relatores especiales de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, para la Prevención de la Tortura y para la Protección de los Defensores de Derechos humanos.


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CEJIL: La impunidad se consolida en Honduras



CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

La impunidad se consolida en Honduras

Washington D.C. 26 de febrero de 2010

Las autoridades hondureñas han dado varios pasos alarmantes para evitar rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Así lo advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en cartas enviadas hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité contra la Tortura y a otras relatorías especiales de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, el Congreso hondureño nombró diputado vitalicio al ex líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, lo cual lo protege de acusaciones penales por su papel durante el golpe. El 26 de enero, la Corte Suprema declaró el sobreseimiento definitivo contra seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, ya que consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. El mismo día, el Congreso aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe; sus términos son ambiguos y por ello su implementación podría abarcar serias violaciones a los derechos humanos.

Estas tres decisiones cuestionan el cumplimiento del Estado de Honduras, de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.

El otorgamiento de una diputación vitalicia a Roberto Micheletti viola tanto las leyes nacionales como internacionales: la Constitución de Honduras no contempla esta figura y la CIDH ha establecido que este tipo de decisiones viola tanto los derechos políticos como la igualdad ante la ley, garantizados en la Convención Americana. Las resoluciones de la CIDH acerca de este tema se produjeron en 1999 en respuesta a una estipulación similar en la Constitución de Chile que beneficiaba al general Augusto Pinochet

Por otra parte, el absurdo fallo de la Corte Suprema, que consideró necesario el derrocamiento del presidente constitucional para preservar la democracia, es consistente con el evidente apoyo político que ese alto tribunal brindó al golpe de Estado; así lo señaló la CIDH en su informe acerca del golpe divulgado en enero pasado.

De manera reiterada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “… garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables […] surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.”

A la vez, el deber estatal de investigar y sancionar serias violaciones a los derechos humanos, limitándose el alcance de las leyes de amnistía ha sido reafirmado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros mecanismos internacionales de protección vinculantes para Honduras.

Después del derrocamiento del presidente constitucional, Manuel Zelaya, las fuerzas de seguridad de Honduras cometieron extensas violaciones a los derechos humanos, que incluyeron al menos siete muertes de manifestantes pacíficos opuestos al golpe, miles de detenciones ilegales y arbitrarias y numerosos casos de maltratos, torturas e incluso abusos sexuales, así como censura, restricciones y hostigamiento a la prensa independiente.

Las decisiones recientes del Gobierno hondureño no solo podrían limitar el derecho de las víctimas a una reparación efectiva, sino que también podrían impedir a la sociedad hondureña el reconocimiento oficial de las violaciones ocurridas y el establecimiento de las responsabilidades a quienes corresponda. Ambas acciones son imprescindibles para evitar que los hechos se repitan.

En las cartas enviadas hoy, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, pidió a diversos órganos regionales y de las Naciones Unidas solicitar información al Estado de Honduras acerca de las decisiones tomadas; hacer recomendaciones para revertir dichas decisiones y garantizar que todas las violaciones ocurridas desde el golpe de Estado sean efectivamente investigadas y sancionadas, de acuerdo con el marco internacional de protección de los derechos humanos que es de acatamiento obligatorio para Honduras. CEJIL también solicitó que los órganos de protección proogramen visitas a Honduras para que investiguen las acciones del Estado y presionen por cambios.

CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional para que se pida al Estado hondureño el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de la protección a los derechos humanos y, específicamente, se eliminen todos

Los obstáculos para investigar y sancionar a los responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos desde el golpe del 28 de junio. Una genuina reconciliación solo es posible con el establecimiento de la verdad y la justicia.

Así, como un paso necesario para reconstruir la democracia, los distintos poderes del Estado hondureño deben asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos sean efectivamente investigadas y sancionadas. Si Honduras falla en esta tarea, los órganos internacionales de protección a los derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos deberán tomar las acciones apropiadas de acuerdo con sus mandatos y competencias.

CEJIL escribió a la CIDH, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, al presidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y a los relatores especiales de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, para la Prevención de la Tortura y para la Protección de los Defensores de Derechos humanos.


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Aumentan los asesinatos a mujeres en 2009

La Fiscalía de la Mujeres cerró el año anterior registrando las muertes violentas de 400 mujeres. Cifra que, en su mayoría se deben a asesinatos íntimos o “pasionales”.

En el 2007 la fiscalía contabilizó 325 asesinatos, número que, en comparación con los indicadores del año pasado, dejan un aumento de 75 víctimas.

Claudia Hermandofer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) manifestó para “Zona Informativa” que, una de las posibles causas del aumento de femicidios fue el descuido de las fuerzas policiales durante el segundo semestre del 2009. “la policía estuvo en las calles reprimiendo y no brindo seguridad” dijo Hermandofer.

Escucha la entrevista con Claudia Hermandofer del CDM.

Aumentan los asesinatos a mujeres en 2009

La Fiscalía de la Mujeres cerró el año anterior registrando las muertes violentas de 400 mujeres. Cifra que, en su mayoría se deben a asesinatos íntimos o “pasionales”.

En el 2007 la fiscalía contabilizó 325 asesinatos, número que, en comparación con los indicadores del año pasado, dejan un aumento de 75 víctimas.

Claudia Hermandofer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) manifestó para “Zona Informativa” que, una de las posibles causas del aumento de femicidios fue el descuido de las fuerzas policiales durante el segundo semestre del 2009. “la policía estuvo en las calles reprimiendo y no brindo seguridad” dijo Hermandofer.

Escucha la entrevista con Claudia Hermandofer del CDM.

Leticia Salomón: Aunque se cambien rostros el problema de fondo sigue existiendo

La juramentación del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), el general de división Carlos Antonio Cuéllar, provocó la reacción de la socióloga y directora del departamento de Investigación Científica de la UNAH, Leticia Salomón.

Salomón considera que las presiones internacionales sobre Porfirio Lobo Sosa contribuyeron en la decisión tomada por el mandatario, “Si de las fuerzas golpistas que aún persisten en este gobierno se tratara, esa cúpula se mantuviera ahí por mucho tiempo, en una especie de reconocimiento en el papel que jugaron durante el golpe de Estado”, dijo.

Según la socióloga “se pueden cambiar los rostros de los actores notables del golpe de Estado pero el problema de fondo sigue existiendo, una cultura militarizada y un irrespeto a la vida humana y las diferencias”, sentenció.

Añadió que lo que necesita el país para mejorar su postura a nivel internacional es iniciar un proceso de profesionalización de las FFAA, inculcarles principios que, hasta ahora se creían básicos en la institución, como el respeto a los derechos humanos.

Escucha las declaraciones de Leticia Salomón:

Leticia Salomón: Aunque se cambien rostros el problema de fondo sigue existiendo

La juramentación del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), el general de división Carlos Antonio Cuéllar, provocó la reacción de la socióloga y directora del departamento de Investigación Científica de la UNAH, Leticia Salomón.

Salomón considera que las presiones internacionales sobre Porfirio Lobo Sosa contribuyeron en la decisión tomada por el mandatario, “Si de las fuerzas golpistas que aún persisten en este gobierno se tratara, esa cúpula se mantuviera ahí por mucho tiempo, en una especie de reconocimiento en el papel que jugaron durante el golpe de Estado”, dijo.

Según la socióloga “se pueden cambiar los rostros de los actores notables del golpe de Estado pero el problema de fondo sigue existiendo, una cultura militarizada y un irrespeto a la vida humana y las diferencias”, sentenció.

Añadió que lo que necesita el país para mejorar su postura a nivel internacional es iniciar un proceso de profesionalización de las FFAA, inculcarles principios que, hasta ahora se creían básicos en la institución, como el respeto a los derechos humanos.

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