El estado de sitio, está llevando a Honduras a un caos, según analistas afecta incluso a los mismos empresarios. Libertades como las de expresión, reunión o libre circulación, así como las garantías a los detenidos estàn en suspenso durante los próximos 45 días, sin que sectores directamente involucrados hayan pronunciado una palabra.
Al proclamar que el estado de sitio se prolongará durante un mes y medio, Micheletti pretende llegar a las presidenciales de noviembre bajo la actual situación de hecho. Ante esta situación el Tribunal Supremo Electoral, ha demandado la derogación de esa ley, que no pasó por los procedimientos acostumbrados, según los abogados en la resistencia.
“Estas medidas nos están llevando a una crisis política aun mayor, ya que el pueblo es paciente”, manifestó Bertha Oliva del Comité de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADEH, enviando un mensaje a la comunidad internacional sobre las demandas internacionales que se están gestando, debido a la poca credibilidad de los organismos de justicia al interior del país.
España, es uno de los países que más ayuda envía a Honduras, y ha manifestado que “el paso que acaba de dar (Micheletti, con las medidas impuestas vía decreto), aísla aún más a su Gobierno y permite observar lo que había detrás de sus inverosímiles argumentos jurídicos para deponer a Manuel Zelaya”.
Nadie en la comunidad internacional defiende la posición del gobierno de facto y es en nombre de ese orden constitucional en el que se le exige a Micheletti que ponga fin a este paréntesis de fuerza y que cese en sus desafíos a la comunidad internacional.
“Estas medidas se toman para el bienestar de la población”, dijo Micheletti, a través de los medios, pero su posición no es compartida, con los pequeños productores, los comerciantes que venden sus productos en horas de la noche, por los taxistas que trabajan con tarifa, y también por miles de obreras que se ven obligadas a laborar en tiempo extra.
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