“Es un día triste para el Estado de derecho en Honduras, ya que la propia gente que ha buscado defender la independencia judicial tras el levantamiento del golpe de Estado de junio de 2009 ha pagado con su trabajo y sus carreras. El concepto de independencia del sistema judicial en Honduras queda gravemente debilitado debido a esta decisión, la cual tendrá un serio impacto sobre los esfuerzos de Honduras de volver a ganar la credibilidad internacional”, dijo Guadalupe Marengo, Directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
En la declaración pública la organización dijo que “deben plantearse serias dudas sobre la seriedad de la nueva administración en la defensa del Estado de derecho y la construcción de la fe pública en la independencia del Poder Judicial”.
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