Campesinos del Aguán no ceden a intimidaciones mediáticas

Las más de tres mil familias aglutinadas en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, están alerta por una campaña mediática emprendida por el terrateniente Miguel Facussé Barjum, en la que se afirma que las tierras que actualmente ocupan los labriegos aún le pertenecen.

En los campos pagados que el empresario ha pautado en importantes medios de comunicación a nivel nacional, también señala que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa no le consultó sobre la reubicación de los campesinos y campesinas.

Sin embargo, los campesinos siguen cumpliendo el acuerdo firmado con Porfirio Lobo Sosa el pasado 13 de abril a pesar de lo que ellos consideran como “amenazas” de Facussé, y ya finalizaron su reubicación en seis fincas ubicada en la margen izquierda del río Aguán, informó el vocero del MUCA Rudy Hernández.

Añadió que el movimiento campesino espera que el acuerdo se respete y se cumpla íntegramente, tal y como está pactado, o de lo contrario realizarán otras acciones.

Campesinos del Aguán no ceden a intimidaciones mediáticas

Las más de tres mil familias aglutinadas en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, están alerta por una campaña mediática emprendida por el terrateniente Miguel Facussé Barjum, en la que se afirma que las tierras que actualmente ocupan los labriegos aún le pertenecen.

En los campos pagados que el empresario ha pautado en importantes medios de comunicación a nivel nacional, también señala que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa no le consultó sobre la reubicación de los campesinos y campesinas.

Sin embargo, los campesinos siguen cumpliendo el acuerdo firmado con Porfirio Lobo Sosa el pasado 13 de abril a pesar de lo que ellos consideran como “amenazas” de Facussé, y ya finalizaron su reubicación en seis fincas ubicada en la margen izquierda del río Aguán, informó el vocero del MUCA Rudy Hernández.

Añadió que el movimiento campesino espera que el acuerdo se respete y se cumpla íntegramente, tal y como está pactado, o de lo contrario realizarán otras acciones.

HRW: una serie de destituciones socava la independencia judicial en Honduras

Washington, D.C. La destitución de varios jueces que se opusieron al golpe de estado de 2009 constituye un grave revés para la independencia judicial en Honduras, señaló hoy Human Rights Watch.

El 12 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Honduras votó para ratificar su anterior decisión de 5 de mayo de destituir a cuatro jueces de tribunales inferiores quienes forman parte de Jueces por la Democracia, una organización que ha cuestionado la legalidad del golpe de estado que apartó del poder al Presidente Manuel Zelaya el año pasado.

“El poder judicial hondureño debería estar trabajando para restablecer el estado de derecho y reparar los daños provocados por el golpe de estado del año pasado”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al destituir a estos jueces, la Corte Suprema está haciendo exactamente lo contrario”.
El juez Ramón Barrios fue separado de su cargo por criticar públicamente la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2009 que validaba el golpe. Barrios formuló su crítica durante una conferencia académica en la Universidad de San Pedro Sula, donde se desempeña como profesor de derecho. Según la oficina de personal de la carrera judicial, la razón para destituir a Barrios fue porque su crítica ”atentaba contra la dignidad” de la Administración de Justicia.

El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La naturaleza política de esta resolución resulta evidente si se tiene en cuenta que en junio de 2009 la directora de la oficina de personal de la carrera judicial cursó una invitación oficial a todos los empleados del poder judicial, incluidos los jueces, para que asistieran a una manifestación pública en favor del gobierno de facto.

Una cuarta jueza, Tirza Flores Lanza, fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya. La oficina de personal de la carrera judicial expresó que sus actos violaron la norma que prohíbe que los jueces participen en litigios. El juez López Lone expresó a Human Rights Watch que la jueza Flores Lanza había intentado defenderse frente a estas acusaciones ofreciendo pruebas a la oficina de personal de que otros jueces habían presentado amparos en el pasado y no habían sido objeto de sanciones disciplinarias.

El procedimiento disciplinario contemplado en las leyes hondureñas para la remoción de los jueces no es transparente ni respeta las garantías básicas de debido proceso. Si bien los jueces tuvieron la posibilidad de presentar pruebas en su defensa al director de personal del poder judicial, no se les permitió estar presentes ni participar en el procedimiento ante la Corte.

HRW: una serie de destituciones socava la independencia judicial en Honduras

Washington, D.C. La destitución de varios jueces que se opusieron al golpe de estado de 2009 constituye un grave revés para la independencia judicial en Honduras, señaló hoy Human Rights Watch.

El 12 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Honduras votó para ratificar su anterior decisión de 5 de mayo de destituir a cuatro jueces de tribunales inferiores quienes forman parte de Jueces por la Democracia, una organización que ha cuestionado la legalidad del golpe de estado que apartó del poder al Presidente Manuel Zelaya el año pasado.

“El poder judicial hondureño debería estar trabajando para restablecer el estado de derecho y reparar los daños provocados por el golpe de estado del año pasado”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al destituir a estos jueces, la Corte Suprema está haciendo exactamente lo contrario”.
El juez Ramón Barrios fue separado de su cargo por criticar públicamente la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2009 que validaba el golpe. Barrios formuló su crítica durante una conferencia académica en la Universidad de San Pedro Sula, donde se desempeña como profesor de derecho. Según la oficina de personal de la carrera judicial, la razón para destituir a Barrios fue porque su crítica ”atentaba contra la dignidad” de la Administración de Justicia.

El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La naturaleza política de esta resolución resulta evidente si se tiene en cuenta que en junio de 2009 la directora de la oficina de personal de la carrera judicial cursó una invitación oficial a todos los empleados del poder judicial, incluidos los jueces, para que asistieran a una manifestación pública en favor del gobierno de facto.

Una cuarta jueza, Tirza Flores Lanza, fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya. La oficina de personal de la carrera judicial expresó que sus actos violaron la norma que prohíbe que los jueces participen en litigios. El juez López Lone expresó a Human Rights Watch que la jueza Flores Lanza había intentado defenderse frente a estas acusaciones ofreciendo pruebas a la oficina de personal de que otros jueces habían presentado amparos en el pasado y no habían sido objeto de sanciones disciplinarias.

El procedimiento disciplinario contemplado en las leyes hondureñas para la remoción de los jueces no es transparente ni respeta las garantías básicas de debido proceso. Si bien los jueces tuvieron la posibilidad de presentar pruebas en su defensa al director de personal del poder judicial, no se les permitió estar presentes ni participar en el procedimiento ante la Corte.

Alerta: Comunicadores de la Radio Voz de Occidente reciben amenazas

Tegucigalpa, Honduras. El propietario de la Radio La Voz de Occidente, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, y el director del noticiario “Sucesos”, Manuel Gavarrete, son víctimas de amenazas, a través de llamadas intimidatorias y constantes a teléfonos de la radio y a celulares.

El propietario de la emisora, Arturo Rendón Pineda, presentó el miércoles 19 de mayo (ayer) ante la Fiscalía de Delitos Comunes la denuncia por las amenazas a muerte recibidas, a partir del mes de abril, contra su hijo Rafael Antonio Rendón, y contra el director del noticiero, Manuel Gavarrete.

La más reciente amenaza la recibieron el 17 de mayo mientras se transmitía el noticiero, por el simple hecho de dar lectura a cables noticiosos y comentarios alusivos a los atropellos que se vienen cometiendo en forma alarmante por los organismos e Instituciones cómplices del golpe de Estado del 28 de junio anterior, donde han sido asesinados más de seis periodistas y muchos activistas reconocidos de la resistencia.

Arturo Rendón denunció también que “desde el 12 de abril, hasta el domingo 16 de abril, en horas de la madrugada personas desconocidas dispararon ráfagas con armas de grueso calibre” en las cercanías de la radio y frente a su casa.

Rendón considera que la intención es intimidarlos, “ante la ausencia indiferente de las autoridades, las cuales, nunca se personaron al lugar de los hechos”, por lo que se vio obligado a acudir ante la Fiscalía.

Gavarrete informó que la última amenaza fue realizada a su esposa diciéndole “que iban a terminar con ella y mis hijos si yo (Manuel Gavarrete) no me callaba”.

Rendón pidió a la fiscalía que se realice una investigación para determinar quiénes son los autores de las amenazas a muerte, al tiempo que solicita medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo.

Alerta: Comunicadores de la Radio Voz de Occidente reciben amenazas

Tegucigalpa, Honduras. El propietario de la Radio La Voz de Occidente, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, y el director del noticiario “Sucesos”, Manuel Gavarrete, son víctimas de amenazas, a través de llamadas intimidatorias y constantes a teléfonos de la radio y a celulares.

El propietario de la emisora, Arturo Rendón Pineda, presentó el miércoles 19 de mayo (ayer) ante la Fiscalía de Delitos Comunes la denuncia por las amenazas a muerte recibidas, a partir del mes de abril, contra su hijo Rafael Antonio Rendón, y contra el director del noticiero, Manuel Gavarrete.

La más reciente amenaza la recibieron el 17 de mayo mientras se transmitía el noticiero, por el simple hecho de dar lectura a cables noticiosos y comentarios alusivos a los atropellos que se vienen cometiendo en forma alarmante por los organismos e Instituciones cómplices del golpe de Estado del 28 de junio anterior, donde han sido asesinados más de seis periodistas y muchos activistas reconocidos de la resistencia.

Arturo Rendón denunció también que “desde el 12 de abril, hasta el domingo 16 de abril, en horas de la madrugada personas desconocidas dispararon ráfagas con armas de grueso calibre” en las cercanías de la radio y frente a su casa.

Rendón considera que la intención es intimidarlos, “ante la ausencia indiferente de las autoridades, las cuales, nunca se personaron al lugar de los hechos”, por lo que se vio obligado a acudir ante la Fiscalía.

Gavarrete informó que la última amenaza fue realizada a su esposa diciéndole “que iban a terminar con ella y mis hijos si yo (Manuel Gavarrete) no me callaba”.

Rendón pidió a la fiscalía que se realice una investigación para determinar quiénes son los autores de las amenazas a muerte, al tiempo que solicita medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo.

El MADJ acuerpa la Huelga de Hambre Contra la Impunidad

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, manifestó dar su respaldo total a la huelga de hambre contra la impunidad iniciada por jueces que fueron despedidos del poder judicial, por condenar el golpe de Estado del pasado 28 de junio.

El respaldo del MADJ consiste en sumar a la huelga tres miembros de su movimiento durante 72 horas, para que ayunen junto a los jueces los jueces Guillermo López Lone y Luis Alonso Chévez de la Rocha, quienes se mantendrán permanentemente.

Después de que transcurran los 3 días, otros integrantes del MADJ ocuparán los puestos de sus compañeros, de modo que, el apoyo del movimiento será contante, explicó Víctor Fernández coordinador de la organización.

Fernández manifestó que la decisión “de dejar de alimentarnos” es una forma de protesta extrema que busca concientizar más a la población de que es necesario asumir esta lucha.

“No habrá Justicia, no vamos a derrotar la impunidad, si los grandes sectores de la ciudanía que somos afectados por una notoria impunidad que hay en el país no asumimos un compromiso por estos temas”, señaló.

Además, exhortó a la población organizada en resistencia a que asuma como tema central la lucha de los jueces.

Los primeros integrantes del MADJ que participaron en la Huelga de Hambre Contra la Impunidad, y que serán relevados en las próximas horas son; José María Pineda, Gerson Medina y Pablo Munguía.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia nació hace dos años a raíz de la Huelga de hambre contra la corrupción que iniciaron cuatro fiscales del Ministerio Público.