viernes, 8 de enero de 2010

DIPUTADOS GOLPISTAS CERRARÁN ESTE PERÍODO CON BROCHE DE ORO

La directiva del Congreso Nacional, jefes y subjefes de bancada de los partidos políticos, excepto la de Unificación Democrática, consensuaron la agenda que servirá de base a las últimas reuniones, cuyo cierre será el 25 del presente mes.

Dos son los temas que tienen la prioridad en las próximas tres o cuatro reuniones del pleno: amnistía general y la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA)

El tema de la amnistía es el que ha cobrado mayor interés, ya que se busca eximir de culpa a todas las personas vinculadas en los acontecimientos previos y posteriores al golpe de Estado, cuando la oligarquía “empresarial, político, militar” decidió anular 27 años de orden institucional, asesinando y reprimiendo al pueblo que se ha manifestado en contra del régimen dictatorial, liderado por Roberto Micheletti Baín y Romeo Vásquez Velásquez.

Para la diputada Silvia Ayala es un hecho que el actual Congreso Nacional, protagonista en el golpe de Estado, otorgue amnistía, lo mismo que pasó el 2 de diciembre de 2009 cuando se opuso a la restitución del Presidente Zelaya por miedo a que los enjuiciaran. Indicó que los diputados pueden amortiguar el daño que a sí mismos ya se impusieron, pero que en la práctica no tienen valor alguno porque son decisiones de las mismas instituciones golpistas, además ante la justicia internacional la amnistía no tiene valor alguno porque se trata de delitos de lesa humanidad.

NOS QUIEREN QUITAR EL ALBA

El campesinado nacional y otras organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular exigen al Congreso Nacional no retirar a Honduras del (ALBA) cuya separación será aprobada la próxima semana. Entre los beneficios del ALBA figuran 100 tractores agrícolas enviados por Venezuela que fueron distribuidos en 2009, una asistencia económica por unos 100 millones de dólares a través del Fondo de Petrocaribe y 50 millones de dólares en ayuda para campesinos.

Además, unos 2.500 hondureños recuperaron la vista mediante intervenciones quirúrgicas en Venezuela a través de la Operación Milagro que a nivel latinoamericano impulsa ese país. Honduras se adhirió a la ALBA el 25 de agosto de 2008.

DIPUTADOS GOLPISTAS CERRARÁN ESTE PERÍODO CON BROCHE DE ORO

La directiva del Congreso Nacional, jefes y subjefes de bancada de los partidos políticos, excepto la de Unificación Democrática, consensuaron la agenda que servirá de base a las últimas reuniones, cuyo cierre será el 25 del presente mes.

Dos son los temas que tienen la prioridad en las próximas tres o cuatro reuniones del pleno: amnistía general y la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA)

El tema de la amnistía es el que ha cobrado mayor interés, ya que se busca eximir de culpa a todas las personas vinculadas en los acontecimientos previos y posteriores al golpe de Estado, cuando la oligarquía “empresarial, político, militar” decidió anular 27 años de orden institucional, asesinando y reprimiendo al pueblo que se ha manifestado en contra del régimen dictatorial, liderado por Roberto Micheletti Baín y Romeo Vásquez Velásquez.

Para la diputada Silvia Ayala es un hecho que el actual Congreso Nacional, protagonista en el golpe de Estado, otorgue amnistía, lo mismo que pasó el 2 de diciembre de 2009 cuando se opuso a la restitución del Presidente Zelaya por miedo a que los enjuiciaran. Indicó que los diputados pueden amortiguar el daño que a sí mismos ya se impusieron, pero que en la práctica no tienen valor alguno porque son decisiones de las mismas instituciones golpistas, además ante la justicia internacional la amnistía no tiene valor alguno porque se trata de delitos de lesa humanidad.

NOS QUIEREN QUITAR EL ALBA

El campesinado nacional y otras organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular exigen al Congreso Nacional no retirar a Honduras del (ALBA) cuya separación será aprobada la próxima semana. Entre los beneficios del ALBA figuran 100 tractores agrícolas enviados por Venezuela que fueron distribuidos en 2009, una asistencia económica por unos 100 millones de dólares a través del Fondo de Petrocaribe y 50 millones de dólares en ayuda para campesinos.

Además, unos 2.500 hondureños recuperaron la vista mediante intervenciones quirúrgicas en Venezuela a través de la Operación Milagro que a nivel latinoamericano impulsa ese país. Honduras se adhirió a la ALBA el 25 de agosto de 2008.

Más de 100 millones a bolsillos de petroleros gobierno de facto comienza a pagar favores

Por el cambio en la fórmula de importación de combustibles que aprobó el gobierno de facto a mediados de diciembre vía decreto ejecutivo PCM-M-37- 2009, los importadores de los carburantes aumentarán sus ganancias anuales en 108.4 millones de lempiras denunció la Coalición Patriótica de Solidaridad.



Julieth Handal, coordinadora de la Coalición Patriótica, aseguró que el gobierno ha justificado el cambio de índices, con la excusa de la necesidad del aumento de margen para los gasolineros que es de aproximadamente 34 centavos, sin embargo, también se aumentaron las márgenes de ganancia de los importadores.



Pero el beneficio para los importadores no termina ahí, ya que para las gasolineras esos 34 centavos son fijos, independientemente del precio del combustible, y para los importadores esos 1. 07 lempiras se pueden multiplicar a medida que sube el valor del galón, dijo Handal. Al reformarse la fórmula, la ganancia se incrementa gradualmente.



Cálculos oficiales revelan que las utilidades por la distribución anual de casi 90 millones de galones de gasolina súper, unos 2.2 millones de barriles, las petroleras pasarán de 190 a 340 millones de lempiras anuales. El decreto en el cual se estipula el cambio de fórmula fue aprobado el 16 de diciembre y publicado el 24 de diciembre como regalo de Navidad para los importadores beneficiados.



Exigen derogación

La Coalición Patriótica de Solidaridad argumenta que debido a la crisis económica del país el cambio en la fórmula de importación no es oportuno y exigió esta semana al gobierno de facto que derogue el decreto Ejecutivo por medio del cual se modificó la fórmula de precios de paridad de importación de combustibles.



Los miembros de la Coalición afirman que lo aprobado en el decreto no fue consultado, ni socializado suficientemente con los diferentes sectores involucrados en esta temática, careciendo así de la transparencia, aunque el gobierno de facto asegura que los miembros de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo Adhipe, que forma parte de la Coalición estuvo de acuerdo.



Trancazo



La Coalición considera que el cambio de fórmula de importación de combustibles, traerá el incremento al precio de la gasolina superior en un promedio de 4. 50 lempiras por galón, los más beneficiados serán las transnacionales Shell, Texaco, Dippsa, entre otras..

El primer incremento al precio de los carburantes fue anunciado esta semana por la Comisión Administradora del Petróleo, CAP, aunque la tendencia de los precios de los carburantes en el mercado internacional es hacia la baja.



Handal recordó que la fórmula se había reformado a principios del gobierno del presidente Manuel Zelaya, lo que significó que a las importadoras se les quitaron ganancias injustificadas por 2. 792 millones de lempiras en tres años y se les dejó una utilidad aceptable para su actividad económica.

Más de 100 millones a bolsillos de petroleros gobierno de facto comienza a pagar favores

Por el cambio en la fórmula de importación de combustibles que aprobó el gobierno de facto a mediados de diciembre vía decreto ejecutivo PCM-M-37- 2009, los importadores de los carburantes aumentarán sus ganancias anuales en 108.4 millones de lempiras denunció la Coalición Patriótica de Solidaridad.



Julieth Handal, coordinadora de la Coalición Patriótica, aseguró que el gobierno ha justificado el cambio de índices, con la excusa de la necesidad del aumento de margen para los gasolineros que es de aproximadamente 34 centavos, sin embargo, también se aumentaron las márgenes de ganancia de los importadores.



Pero el beneficio para los importadores no termina ahí, ya que para las gasolineras esos 34 centavos son fijos, independientemente del precio del combustible, y para los importadores esos 1. 07 lempiras se pueden multiplicar a medida que sube el valor del galón, dijo Handal. Al reformarse la fórmula, la ganancia se incrementa gradualmente.



Cálculos oficiales revelan que las utilidades por la distribución anual de casi 90 millones de galones de gasolina súper, unos 2.2 millones de barriles, las petroleras pasarán de 190 a 340 millones de lempiras anuales. El decreto en el cual se estipula el cambio de fórmula fue aprobado el 16 de diciembre y publicado el 24 de diciembre como regalo de Navidad para los importadores beneficiados.



Exigen derogación

La Coalición Patriótica de Solidaridad argumenta que debido a la crisis económica del país el cambio en la fórmula de importación no es oportuno y exigió esta semana al gobierno de facto que derogue el decreto Ejecutivo por medio del cual se modificó la fórmula de precios de paridad de importación de combustibles.



Los miembros de la Coalición afirman que lo aprobado en el decreto no fue consultado, ni socializado suficientemente con los diferentes sectores involucrados en esta temática, careciendo así de la transparencia, aunque el gobierno de facto asegura que los miembros de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo Adhipe, que forma parte de la Coalición estuvo de acuerdo.



Trancazo



La Coalición considera que el cambio de fórmula de importación de combustibles, traerá el incremento al precio de la gasolina superior en un promedio de 4. 50 lempiras por galón, los más beneficiados serán las transnacionales Shell, Texaco, Dippsa, entre otras..

El primer incremento al precio de los carburantes fue anunciado esta semana por la Comisión Administradora del Petróleo, CAP, aunque la tendencia de los precios de los carburantes en el mercado internacional es hacia la baja.



Handal recordó que la fórmula se había reformado a principios del gobierno del presidente Manuel Zelaya, lo que significó que a las importadoras se les quitaron ganancias injustificadas por 2. 792 millones de lempiras en tres años y se les dejó una utilidad aceptable para su actividad económica.

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Como regalo de navidad; Sobreseimiento definitivo a militares que cerraron Radio Progreso

En audiencia inicial, el juez Juan Carlos Castillo decidió que los militares que participaron en el cierre de Radio Progreso, el 28 de junio, no tienen ninguna responsabilidad, dictándoles un sobreseimiento definitivo. La Fiscalía especial de Derechos humanos, acusó al teniente coronel Hilmer Enrique Hermida Alvez de 48 años y al teniente Dennis Mauricio Valdez Rodas de 27 años, de los delitos de abuso de autoridad y delitos contra los medios de comunicación, por ordenar y ejecutar respectivamente el cierre de la emisora, ubicada en El Progreso, Yoro.

La audiencia inicial fue desarrollada un mes de después de lo previsto, luego que el Juez que comenzó a conocer la causa se excusará por ser amigo de uno de los defensores de l os militares.

La decisión del Juez Castillo, no se corresponde con las pruebas y los testimonios presentados en la audiencia, aseguró Víctor Fernández, acusador privado, contratado por la emisora propiedad de la Compañía de Jesús.

Según Fernández, “el Juez entendió que antes que los militares llegaran a la emisora, el equipo había tomado la decisión de cerrar, lo cual es totalmente falso, ya que la decisión era dejar programación musical automatizada para regresar en cualquier momento, pero el contingente obligó al personal sacar del aire los transmisores”.

La defensa de los militares, alegaron ante el Juez que no había suficientes pruebas contra el coronel Hermida Alvez, comandante de la Base Aérea, que indicarán que él dio la orden del cierre. Otro argumento de la defensa es que en ningún momento se puso en peligro la vida del personal de la emisora, aceptando así, que los militares ingresaron a la radio. Fernández, aseguró que la decisión será apelada dentro del término que corresponde ante la Corte de apelaciones de San Pedro Sula.

Proceso judicial por cierre de la radio

El 16 de julio Fiscalía Especial de Derechos humanos, informa a Radio Progreso que se ha abierto una causa contra los militares que participaron del cierre de la emisora.

El 22 de octubre, se realizó la audiencia de declaración de imputados los cuales se reservaron el derecho a declarar. Sin embargo se les impuso 4 de las 5 medidas sustitutivas de la prisión.

El 16 de noviembre, estaba prevista la Audiencia inicial, pero el Juez que conocía la causa, se excusó ante la Corte de Apelaciones para no hacerlo.

El 21 de diciembre se realiza la audiencia inicial, un día después se da a conocer la decisión del Juez Juan Carlos Castillo de sobreseer definitivamente a los militares. La decisión será apelada ante un tribunal de alzada.

Como regalo de navidad; Sobreseimiento definitivo a militares que cerraron Radio Progreso

En audiencia inicial, el juez Juan Carlos Castillo decidió que los militares que participaron en el cierre de Radio Progreso, el 28 de junio, no tienen ninguna responsabilidad, dictándoles un sobreseimiento definitivo. La Fiscalía especial de Derechos humanos, acusó al teniente coronel Hilmer Enrique Hermida Alvez de 48 años y al teniente Dennis Mauricio Valdez Rodas de 27 años, de los delitos de abuso de autoridad y delitos contra los medios de comunicación, por ordenar y ejecutar respectivamente el cierre de la emisora, ubicada en El Progreso, Yoro.

La audiencia inicial fue desarrollada un mes de después de lo previsto, luego que el Juez que comenzó a conocer la causa se excusará por ser amigo de uno de los defensores de l os militares.

La decisión del Juez Castillo, no se corresponde con las pruebas y los testimonios presentados en la audiencia, aseguró Víctor Fernández, acusador privado, contratado por la emisora propiedad de la Compañía de Jesús.

Según Fernández, “el Juez entendió que antes que los militares llegaran a la emisora, el equipo había tomado la decisión de cerrar, lo cual es totalmente falso, ya que la decisión era dejar programación musical automatizada para regresar en cualquier momento, pero el contingente obligó al personal sacar del aire los transmisores”.

La defensa de los militares, alegaron ante el Juez que no había suficientes pruebas contra el coronel Hermida Alvez, comandante de la Base Aérea, que indicarán que él dio la orden del cierre. Otro argumento de la defensa es que en ningún momento se puso en peligro la vida del personal de la emisora, aceptando así, que los militares ingresaron a la radio. Fernández, aseguró que la decisión será apelada dentro del término que corresponde ante la Corte de apelaciones de San Pedro Sula.

Proceso judicial por cierre de la radio

El 16 de julio Fiscalía Especial de Derechos humanos, informa a Radio Progreso que se ha abierto una causa contra los militares que participaron del cierre de la emisora.

El 22 de octubre, se realizó la audiencia de declaración de imputados los cuales se reservaron el derecho a declarar. Sin embargo se les impuso 4 de las 5 medidas sustitutivas de la prisión.

El 16 de noviembre, estaba prevista la Audiencia inicial, pero el Juez que conocía la causa, se excusó ante la Corte de Apelaciones para no hacerlo.

El 21 de diciembre se realiza la audiencia inicial, un día después se da a conocer la decisión del Juez Juan Carlos Castillo de sobreseer definitivamente a los militares. La decisión será apelada ante un tribunal de alzada.

Los organismos financieros internacionales y el golpe de Estado en Honduras

El golpe de Estado en Honduras el pasado 28 de junio tuvo como consecuencia que los organismos financieros internacionales suspendieran las operaciones y desembolsos con el país. Estos organismos son principalmente: el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), explica el economista Hugo Noé Pino, ex presidente del Banco Central en Honduras.



Cada una de estas instituciones divide su funcionamiento entre la administración, que lleva el día a día del manejo y su directorio que aprueba las principales políticas y hace una labor de vigilancia general. El Banco Mundial y el FMI fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial y en ellos se encuentran representados a nivel de su directorio todos los países miembros, alrededor de 186 países. Por su parte, el BID es un ente a nivel hemisferio aunque también cuenta con socios extra regionales. Por su parte el BCIE funcional a nivel de Centro América, pero contando también con socios extra-regionales.



Todas estas instituciones cuando suceden acontecimientos que alteran el orden constitucional tienen como primera reacción suspender sus actividades en el país en conflicto, como ocurría con Honduras. Pese a ello, tienen diversas reglas de cómo y cuándo reiniciar actividades con gobiernos de facto. Por ejemplo, el FMI ante la disyuntiva de a qué gobierno reconoce en Honduras, realizará un encuesta entre todos sus miembros teniendo como resultado que ningún gobierno reconocerá al gobierno de facto presidido por el Sr. Micheletti y que la mayoría reconocen al gobierno presidido por el presidente Manuel Zelaya Rosales.



“En el caso del BID existe una relación directa con la decisión que toma la Organización de Estados Americanos (OEA) con iguales resultados que en el FMI. El caso del Banco Mundial es un poco diferente, porque a pesar que se toma en cuenta la opinión de la comunidad internacional, existen también criterios internos que determinan sus reglas operativas. En el BCIE es también su directorio quien decide sobre las operaciones del país”, asegura Pino.



En todas estas instituciones existe una constante a nivel de los países que las conforman: ningún país reconoce al gobierno de facto de Honduras y en cambio reconocen al gobierno del presidente Zelaya. Esto quiere decir que la suspensión de actividades refleja la voluntad de los países miembros, y de sus reglas internas y no de una u otra persona a nivel individual o de alguien que represente a Honduras.



Para este economista, lo más lamentable es que todavía después de todo el daño infringido al país en este y otros aspectos, se niegan a encontrar soluciones pacíficas y se aferran a un poder ilegítimamente constituido. Cada día que pasa la situación es peor para la mayoría de hondureños que tienen que lidiar no sólo con los embates de la crisis mundial, sino también con una crisis política que pareciera que los golpistas quieren hacer permanente.